Constituyente prepara ley para "neutralizar" la libertad de expresión e imponer el pensamiento único

05/12/2018 Alicia - Seuc

Ciberguerra, ciberterrorista, cibercrimen son algunos de los conceptos que la fraudulenta asamblea comunal cubana se propone incorporar al discurso oficial de la dictadura y, en consecuencia, en la instauración, de hecho, de nuevas formas de represión contra los venezolanos que expresen sus opiniones o que discrepen de la realidad fáctica y, en adelante, también virtual, que buscará imponer el régimen para concretar su proyecto estratégico de hegemonía comunicacional.

El riesgo, el peligro de la censura abierta, suprema y absoluta como política de Estado, ya tiene forma en el proyecto de “Ley Constitucional de Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela” que discute entre gallos y medianoche, entre las sombras, como suelen hacerlo los delincuentes, el cogollo de la constituyente cubana que lidera Diosdado Cabello, el mismo que en agosto de 2009 ordenó el cierre, en un mismo día, de 34 emisoras de radio y cuatro televisoras regionales para “acabar con el latifundio mediático”.

Dos años antes, el difunto “comandante supremo”, Hugo Chávez,  había puesto la piedra fundacional de la policía del pensamiento con el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV).

El cierre masivo de medios ordenado por Cabello, como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en una acción que quedó registrada en la historia mundial como una verdadera masacre  comunicacional que no ha cesado.

Cifras del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) capítulo Venezuela reportan más de un centenar de bajas entre 2005 y 2007. Solo en este último año, en medio de la ola de protestas cívicas, la dictadura cerró 40 emisoras de radio, las más cercanas a la población, y media docena de televisoras regionales y otras cinco televisoras extranjeras fueron sacadas de las parrilla de las operadoras de televisión por cable y satelital.

En los casos ya consumados, como en aquellos en los que la amenaza respira en la nuca de los concesionarios, el argumento es más o menos similar: son medios de la oligarquía, manejados por la extrema derecha que "tratan de lavarle el cerebro al pueblo venezolano".

El objetivo último es establecer el pensamiento único. “Donde todos los hombres piensan igual, nadie piensa mucho”, sentenció hace años el premio Pulitzer Walter Lippman, y eso, justamente, en lo que persigue la dictadura: neutralizar la diversidad de pensamiento y el debate como fundamento de la democracia.

Totalitarismo

Cuba, China y Rusia, entre los más destacados represores del pensamiento de los tiempos modernos, son los modelos que sigue el mentado proyecto de ley que prepara, como zarpazo a la democracia, la ilegitima asamblea nacional constituyente.

Son siete capítulos y 47 artículos en los que abundan los conceptos de cibercrimen, ciberterrorismo, ciberguerra, ciberespionaje, ciberseguridad y ciberdefensa, pero ninguna mención a Derechos Humanos, democracia, diversidad, neutralidad y libertad expresión y de opinión.

El texto, desde su artículo 1, enuncia el propósito de la ley de corte inquisitorio, represivo y sancionatorio: “…desarrollar (…) los procesos, bases y lineamientos del ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela, con el objeto de (…) generar las condiciones que garanticen la seguridad de la Nación (…) y la calidad del contenido…” de la información que circula en el ciberespacio del que la dictadura aspira adueñarse.

En su artículo 2 establece que el universo de aplicabilidad de la ley será “todo dato e información de personas naturales o jurídicas (…) independientemente de la naturaleza en la que se presente la información, la tecnología empleada, la ubicación o la categorización. De igual forma, los servicios, redes de comunicaciones, infraestructuras tecnológicas, usuarios, hardware, software, dispositivos tecnológicos, actividades y demás elementos que interactúen con el “Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela”.

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Lo anterior incluye todo dispositivo, aparato, mecanismo, terminal, medio, unidad, componente, equipo… todo, desde un humilde teléfono analógico de primera generación hasta un sofisticado Smartphone, desde un SMS hasta un MMS, desde un cable de red hasta una VPN. En otras palabras, el régimen pretende reducir a los venezolanos a la comunicación por palomas mensajeras y señales de humo.

Ante ello, los venezolanos de ahora tendrían que emular a los de la Generación del 28, la de los precursores de la democracia, con su famoso estribillo de “Y Ajá! ¡Y Ajá! ¡Y Sacalapatalajá!” que le ponía a temblar los bigotes al dictador Juan Vicente Gómez.

De DDHH y orden público

El acceso a Internet ya no será, según la ilegal e ilegítima ley que prepara la constituyente comunal, un Derecho Humano como fue declarado desde 2011 por la Organización de Naciones Unidas (ONU), sino una “actividad de orden público”; por tanto, con cualidad de “perturbable” o “alterable”, conductas previstas en el ordenamiento legal como delito penal y, en consecuencia, sujetas al restablecimiento, con equipo antimotines incluido.

Como corolario, el quinto artículo del proyecto de “Ley Constitucional de Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela” faculta al Estado (“El Estado soy yo”, dixit Maduro) a “desarrollar políticas de seguridad, reglamentos, administración y control en su acceso y uso, para asegurar el bien común, la soberanía y la institucionalidad en beneficio de la Nación”.

El artículo 10 se refiere a la “seguridad de contenido”, que refuerza la politica controladora mediante nuevas leyes y reglamentos que para “garantizar el respeto, la paz, tolerancia y convivencia pacífica del país”, objetivos copiados de la malhadada “ley contra el odio”

El artículo 11 simplemente redunda en quién será el dueño y rector del pensamiento y de la libertad de expresión de los venezolanos, y define al Estado como “garante” de la ciberseguridad” que se ejercerá a “través de los órganos del Poder Público”, los cuales ejecutarán “las acciones de carácter preventivo cuyo objeto sea asegurar el uso de las redes para preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y no repudio…”.

Por si hay alguna duda sobre el apabullamiento a la sociedad que impondrá el proyectado instrumento, el artículo 19 establece que cuando el órgano o autoridad garante de la protección del ciberespacio así lo requiera, a los fines de prevenir amenazas y contrarrestar daños que atenten contra la seguridad de la Nación, los entes públicos y privados (operadores del servicio de Internet) deberán entregar los datos que administran.

Y más aún. Luego de enumerar una serie de conductas delictivas o malas prácticas, como publicidad engañosa e ilícitos, acoso, explotación sexual y pornografía infantil, que poca atención merecen del régimen, o de otras como la promoción del odio, la intolerancia y la discriminación, que abiertamente alienta la dictadura a través del sistema de medios públicos, el artículo señala: “los proveedores de servicios de difusión de mensajes y afines (…) deben proveer al ente competente de los registros, resultas de monitoreo, acceso y control de usuarios infractores de las leyes vigentes; así como prevenir, denunciar, “neutralizar o eliminar” la difusión de datos e información que atenten contra “la estabilización económica, política y social de la Nación”.

Para los venezolanos que trasgredan la normativa del pensamiento único, para quienes se atrevan a ejercer el derecho a pensar, discernir, deliberar, debatir, de opinar distinto, no solo se establecen multas desproporcionadas de entre 100.000 y 400.000 unidades tributarias, sino lo peor: la "Tumba", definida por el expreso político Lorent Saleh como un "calabozo tecnológico ideado para la tortura psicológica", un manicomio futurista en el que se busca anular los sentidos del desdichado que la ocupe. Neutralizar, eliminar…

Redacción NotiVenezuela.com